Cumbre climática
COP29: Negocios e inversiones salen golpeados por el portazo de Argentina
Especialistas en negociación internacional y cambio climático cuestionaron la decisión del gobierno de Javier Milei de retirarse de la convención. Los riesgos para la economía
Por: Sandra Cicaré mail
La decisión de la Argentina de retirarse de la 29° Conferencia de las Partes de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático (COP29) fue una sorpresa para la comunidad internacional, pero también un golpe para los negocios, el financiamiento y las posibilidades de inversión que tienen al país como foco.
Dar un portazo no será gratis para el país que necesita no sólo de divisas para estabilizar definitivamente su macroeconomía, sino además que busca posicionarse en el radar mundial como proveedor de energía y alimentos, en un contexto donde la demanda es cada vez más exigente en términos del cumplimiento de metas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, contenidas en la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) que elabora cada país.
“Es como pegarse un tiro en el pie y solo nos perjudica a nosotros, porque quedamos fuera de la negociación de los intereses de los restantes 191 países que participan”, dijo sin eufemismos Soledad Aguilar, experta en derecho ambiental internacional, quien se desempeñó como directora nacional de Cambio Climático de Argentina en el Ministerio de Ambiente durante el gobierno de Mauricio Macri y actual directora de la maestría en Derecho y Economía del Cambio Climático en Flacso.
La especialista fue convocada, junto a Florencia Mitchell (asesora de cambio climático del CFI y directora de Cambio Climático durante el gobierno anterior) y Juan Carlos Villalonga (Círculo de Políticas Ambientales y presidente de Globe) para debatir sobre la nueva NDC. Y aunque todos plantearon los desafíos que tiene la Argentina en el mediano plazo, la urgencia del presente se impuso en la charla organizada por el Círculo de Políticas Ambientales y respaldada por Flacso y la Embajada Británica en Argentina.
Mucho más luego de conocerse que en las últimas horas la ONU decidió retirar la acreditación de los argentinos que continuaban participando por el sector privado de la COP29 en Bakú, Azerbaiyán, tras la decisión que la semana pasada tomó el gobierno de Javier Milei.
“Es un acto de desprolijidad diplomática gravísima, de desprecio hacia el país organizador y de falta de respeto hacia el resto de los países miembros con los que Argentina compartía la negociación, porque fue no hubo una explicación para justificar esta decisión”, planteó Villalonga quien dijo que “esto tiene efecto en el sector privado” y “eso ya se está viendo”. Citó, por caso, una actividad que requería de la cooperación alemana para un proyecto privado de Argentina “quedó a la espera de que todo esté más claro”, reveló el especialista quien está participando de la COP29.

Pero la preocupación no es sólo esta salida intempestiva, sino lo que decida hacer Argentina sobre su participación en el Acuerdo de París. “Si decide también retirarse sería algo sin antecedentes”, dijo Mitchell quien explicó que la actitud del país primero generó “mucha incertidumbre” y luego una suerte de “colaboración” por parte de distintas organismos internacionales para ahijar a quienes habían quedado húerfanos en pleno debate global.
Sin explicaciones, sin argumentos técnicos y sin un plan a la vista, “salirnos del Acuerdo de París sería gravisimo para Argentina”, reiteró Aguilar, conocedora y negociadora en múltiples instancias sobre estos temas en represtancion del país.
“Seríamos como unos parias a nivel internacional y los únicos perjudicados porque se afectarían nuestras exportaciones, la cooperación y el financiamiento internacional que recibimos por estos temas, el sector agroindustrial que viene promoviendo una producción sostenible y todo el trabajo que viene realizando en este sentido la industria”, enumeró.

Villalonga recordó que tanto la Unión Industrial Argentina (UIA), como la entidad agropecuaria Coninagro o el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), además de distintas ONGs, reaccionaron ante la decisión oficial. “Plantearon que hay que sostener estos compromisos por lo que significan en términos de inversión”, aclaró a la hora de mostrar el impacto económico que esta decisión podría representar.
Para Aguilar la explicación a esto puede remontarse al alineamiento de Milei con el reciente electo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que durante su anterior gobierno polarizó el tema y ubicó a los demócratas a favor del tema ambiental y a los republicanos en contra. Aunque recordó que el país del Norte sólo salió del Acuerdo de París por tres meses pero nunca dejó de participar de las cumbres climáticas.
Mientras el gobierno de Milei debate si continúa en estos ámbitos el reloj sigue corriendo y no en beneficio de la Argentina. En febrero de 2025 se deben presentar las nuevas NCD con las metas al año 2035 y tanto los inventarios de lo actuado como lo que se propone el país como plan, están en un limbo.

Aguilar aseguró que lo actuado a nivel inventarial está hecho y sería “irresponsable” no presentarlo. En tanto, Mitchell indicó que aunque sería interesante aumentar la ambición de las NCD a futuro - algo que ve “difícil” por la postura del gobierno - las implicancias “serían graves, fundamentalmente en términos de acceso a financiamiento” para el país.
Pero además, no se trata sólo de los organismos internacionales de crédito sino también del propio mercado. Villalonga explicó que mientras países como el Reino Unido plantean reducir un 82% sus emisiones, Brasil un 67% y los Emiratos Arabes incluso un 30%, “Argentina, como otros países, no va a llegar” y recordó que la mayoría de las inversiones están muy atentas a las metas de los países en términos de descarbonización. Citó el caso del sector energetico, donde el impulso de las renovables se dio por la fuerte demanda del sector privado, corporaciones que querían bajar emisiones junto a quienes producían esa energía.
“Las finanzas a nivel global se alinean con el Acuerdo de París”, reiteró Mitchell y no contar con NDC claras “implicaría perder parámetros de alineación y generaría dificultades para el financiamiento internacional”, reiteró.
“Esto tiene costos”, sintetizó Villalonga. Parece que el gobierno argentino todavia no hizo sus cálculos.