Un mercado que acelera
Créditos de carbono: El Senado dio media sanción al marco regulatorio
El proyecto, que pasa a Diputados, busca darle previsibilidad a este mercado para promover inversiones en prácticas que reduzcan las emisiones al ambiente
El Senado de la Nación dio media sanción al marco regulatorio de los créditos de carbono, el primer paso para que la Argentina tenga reglas propias en un mercado que hasta ahora se movía sobre todo de manera voluntaria y sin un régimen nacional que lo ordenara. Si Diputados lo aprueba sin cambios, el país tendrá un registro público de proyectos, créditos con identidad jurídica propia y 30 años de estabilidad fiscal para quienes inviertan. Para el sector agroindustrial, eso se traduce en una puerta a exportaciones de entre u$s 1.400 y u$s 3.900 millones por año.
La votación fue en la noche del jueves 29 de octubre, con 60 votos afirmativos y 2 negativos, de los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano.
El texto surge de la unificación de proyectos de cuatro senadores: Flavia Royón (Salta), Sonia Rojas Decut y Carlos Arce (Misiones) y Jorge Capitanich (Chaco), y el consensuado tomó como base el de Royón. Reunió el apoyo de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO, sectores del justicialismo, Primero los Salteños, Movimiento por Misiones y otros bloques provinciales.
La norma establece que los créditos de carbono son bienes inmateriales de carácter patrimonial, con individualidad jurídica y económica propia, distintos del inmueble o del recurso natural que les dio origen.
Por otra parte, la norma crea el Registro Nacional de Reducción de Emisiones (ReNaRe), una plataforma pública, gratuita y declarativa que identifica proyectos, garantiza la trazabilidad de los créditos y evita el doble conteo. Exige que las reducciones sean reales, medibles, verificables y adicionales, y que cuenten con salvaguardas sociales y ambientales.
Como regla general, los créditos podrán comercializarse libremente en mercados nacionales e internacionales sin autorización administrativa previa. La excepción son los que se usen para cumplir compromisos climáticos de otro país o mecanismos como los del Acuerdo de París. En esos casos hará falta autorización de la autoridad de aplicación y un ajuste en el inventario nacional de emisiones, para que una misma reducción no la cuenten dos países.
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En materia de incentivos, la ley prevé estabilidad fiscal por 30 años para los proyectos registrados y una alícuota del 0% en derechos de exportación para las transferencias internacionales alcanzadas. También permite usar los créditos como respaldo de fideicomisos, fondos de inversión, bonos verdes y otros instrumentos, y los que estén en régimen de oferta pública quedarán bajo la Comisión Nacional de Valores. La autoridad de aplicación será el Poder Ejecutivo, y las provincias conservarán el dominio originario de sus recursos naturales.
El número que más entusiasma al sector privado lo calculó el Consejo Agroindustrial Argentino. Según su estimación, un marco claro podría generar entre u$s 1.400 y u$s 3.900 millones anuales en exportaciones de créditos, además de movilizar más de u$s 2.000 millones en inversiones territoriales en el mediano plazo. Hoy hay decenas de proyectos en marcha, sobre todo en el mercado voluntario.
Durante el debate, Royón sostuvo que la Argentina “se está quedando atrás” por no tener un marco que permita comercializar los bonos en mercados que pagan mejores valores. Rojas Decut puso a Misiones como ejemplo. La provincia desarrolló un programa jurisdiccional REDD+ sobre la selva paranaense, con alrededor de 1,6 millones de hectáreas de bosque nativo involucradas. Su esquema contempla repartir los futuros ingresos entre propietarios de bosques nativos (45%), programas estatales de conservación (35%) y proyectos sustentables (20%), aunque esa distribución no es obligatoria para otras provincias. La senadora defendió una regulación que no subordine a las provincias, con “coordinación nacional sin subordinación provincial”. Capitanich planteó que los créditos sirvan para que quienes aumentan las emisiones paguen la compensación.
No todos comparten el entusiasmo. El Círculo de Políticas Ambientales y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) cuestionaron la premura del tratamiento. Juan Carlos Villalonga, exdiputado y miembro del CPA, sostuvo que el país “no tiene hoy institucionalidad en política climática” y advirtió que el proyecto podría debilitar la Ley de Bosques Nativos. FARN alertó que las empresas podrían compensar sin reducir en origen y que el esquema puede favorecer el acaparamiento de tierras y dejar sin garantías a comunidades indígenas. Recordó también que el carbono de un bosque puede volver a la atmósfera por incendios, sequías o deforestación. Como antecedente de riesgo, los críticos citan la “Operación Greenwashing” en Brasil, una investigación por créditos vinculados a tierras acaparadas, con unos u$s 34 millones involucrados.
Ahora la discusión se muda a Diputados. Más allá del trámite, el desafío será la reglamentación. Habrá que garantizar la trazabilidad de los proyectos, evitar el doble conteo y asegurar que los beneficios lleguen a las comunidades y los territorios donde se generan los créditos. Sus impulsores lo ven como la pieza que le faltaba al país para alinearse con el Acuerdo de París, y sus críticos sostienen que, sin una política climática definida, esa reglamentación es justamente lo que está en duda.
