Mercado de carbono: el agro pide que el productor sea el protagonista

El mercado de carbono comienza a ocupar un lugar cada vez más relevante en la agenda productiva argentina. En el Senado de la Nación, representantes de organizaciones vinculadas al agro llevaron su mirada al debate sobre los proyectos que buscan establecer un marco regulatorio y coincidieron en una condición transversal: la regulación debe poner al productor en el centro del modelo.

Las comisiones de Legislación General, Ambiente y Desarrollo Sustentable y Presupuesto y Hacienda están analizando tres iniciativas relacionadas con este tema. Pero es la impulsada por la senadora Flavia Royón la que se instala con más fuerza, aunque con algunos ajustes necesarios que parten de las expectativas planteadas por la Mesa Argentina de Carbono y Fundación Barbechando, entidades que vienen trabajando por establecer un marco regulatorio para el mercado voluntario de carbono.

Integrantes de la Asociación de Productores en Siembra Directa (Aapresid), Sociedad Rural Argentina (SRA) y Alianza del Pastizal, valoraron la necesidad de avanzar hacia una legislación que otorgue previsibilidad, seguridad jurídica, transparencia y condiciones para atraer inversiones, en un diálogo con Ecobiz. Pero también señalaron que el desarrollo del mercado no puede desligarse de quienes producen, conservan, invierten y asumen los riesgos en el territorio.

El productor como titular del valor

La Sociedad Rural Argentina viene trabajando desde hace dos años junto con la Mesa Argentina de Carbono para generar condiciones jurídicas para el desarrollo de estos mercados. Su planteo es que los créditos de carbono puedan convertirse en una oportunidad de generación de divisas, inversiones e ingresos para productores y comunidades en distintas regiones del país.

La entidad puso el foco en el reconocimiento de la propiedad privada y de los derechos de los productores sobre sus tierras. Según la posición expresada ante el Senado, los recursos generados por el mercado no deberían quedar concentrados en intermediarios ni bajo un esquema de administración estatal, sino llegar a quienes generan y sostienen los proyectos. “Lo más importante que debe estar incluido en la ley es que la propiedad privada no se vulnere y que el propietario de la tierra sea el titular original de los créditos de carbono”, expresó Andrés Costamagna, director de la SRA.

La entidad estima un potencial económico de aproximadamente u$s 4.800 millones anuales. “Es un ingreso adicional que sucede como consecuencia de mucho esfuerzo por parte de los productores que trabajan para restaurar un bosque nativo, un pastizal o aumentar la captura de agua, por ejemplo”, dijo Costamagna y agregó: “La SRA es parte de la posibilidad de que este negocio de los créditos de carbono se genere a lo largo y ancho del territorio argentino y participen diferentes iniciativas que propicien la conservación con producción y el pago de los servicios ecosistémicos que debe cobrar el productor como dueño de la tierra”.

Para el directivo, “más allá de la ganadería o agricultura regenerativa el gran negocio es que la Argentina exporte carne de carbono neutral, neutralizada en el territorio nacional. Los mercados de carbono son una posibilidad de desarrollar capacidades en el territorio”. 

Pagar por los servicios que genera el campo

Desde Alianza del Pastizal, iniciativa liderada por las ONGs Aves Argentinas y Birdlife Internacional, se remarcó que la conservación de la naturaleza requiere manejo, conocimiento, inversión y permanencia de productores en el territorio.

Su coordinador nacional Federico Schäfer, sostuvo que el mercado debe reconocer los servicios ecosistémicos que generan los sistemas productivos y planteó que el productor debe recibir una proporción justa de los beneficios. “Si el riesgo queda en el campo y el valor queda en los intermediarios, no habrá negocio viable a largo plazo”, afirmó. También destacó la importancia de que los proyectos de créditos de carbono de alta integridad puedan sostener compromisos de por lo menos cuarenta años. “No se puede pedir permanencia por décadas y ofrecer previsibilidad por un mandato”, sentenció.

Si bien reconoce ciertas falencias en el proyecto presentado, lo considera un gran avance para implementar un marco regulatorio: “Creemos que los productores y las actividades en general deben recibir un diferencial por cuidar la biodiversidad y los temas sociales, más allá del estándar. Esta regulación va a permitir activar estos mercados, con un beneficio muy importante para Argentina. A pesar de algunas falencias, le otorga integridad al mercado porque regula y obliga a que el Estado también tome decisiones en las compensaciones y ajustes, algo que en el mercado internacional se valora”.

Schäfer celebró que “por primera vez la conservación de la naturaleza deja de competir con la producción y se convierte en parte de su modelo económico a gran escala en las soluciones basadas en la naturaleza. Esta ley puede hacer que cuidar un pastizal, un bosque, recuperar un suelo y sostener una comunidad rural dejen de ser una carga silenciosa, no rentable y se conviertan en valor argentino exportable”.

Reglas claras, pero accesibles

Con un balance positivo de la presentación, María Florencia Moresco -coordinadora de la Red de Carbono de Aapresid- destacó la oportunidad de poder “llevar la mirada del sector productivo al Senado”. 

Moresco señaló cuatro aspectos centrales que deben considerarse al momento de redactar la ley: previsibilidad fiscal y jurídica; definición de la titularidad de los créditos y criterios adecuados para determinar la adicionalidad; contar con sistemas que garanticen calidad, trazabilidad y confiabilidad; y que los requisitos sean proporcionales a la escala de los proyectos para no convertirse en una barrera de acceso para los productores, contemplando incluso esquemas asociativos que permitan ampliar la participación.

En definitiva, concluyó: “Necesitamos una regulación que combine solidez técnica, previsibilidad y accesibilidad, para generar confianza en el mercado sin dejar afuera al productor que es el actor más importante”.

Del carbono al valor territorial

El debate legislativo pone en juego la posibilidad de construir una nueva fuente de ingresos regulada para los productores, vinculada con los servicios ecosistémicos que genera el campo y, al mismo tiempo, fortalecer la competitividad ambiental de las cadenas productivas.

Marcelo Torres, presidente de Aapresid, destacó la importancia de exponer ante los senadores “cómo los sistemas productivos asociados a atributos como la siembra directa, la rotación de cultivos y el uso de cultivos de servicios pueden contribuir a una mayor captura de carbono en el suelo y bajar las emisiones”. A su vez, señaló que es necesario “discutir el rol del sector público y su articulación con los privados para garantizar un mercado transparente y previsible”.

Para el sector agropecuario, la oportunidad está en que la transición hacia una economía baja en carbono no se transforme en un costo adicional para quienes producen, sino en una herramienta para reconocer económicamente el aporte ambiental que ya realizan los sistemas productivos. El desafío para la futura regulación será, entonces, equilibrar integridad ambiental, transparencia y seguridad jurídica con accesibilidad y una distribución justa de los beneficios.