Santa Fe mueve el tablero para anticiparse al cambio climático

Con una meta clara para el año 2030, Santa Fe busca reducir riesgos y fomentar un modelo de desarrollo bajo en emisiones que proteja a sus más de 3,5 millones de habitantes. Para eso, juntos la Comisión Público Privada de Sostenibilidad Ambiental (Cimpar) presentó su Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático 2026, que no es más que una estrategia integral que se hace cargo del desafío de articular el trabajo de todos los ministerios provinciales a través del Gabinete de Cambio Climático que comenzó a funcionar en junio pasado. 

La secretaria de Cambio Climático de la provincia, Verónica Irízar, explicó a Ecobiz que “se trata de un plan estratégico transversal que determina acciones concretas tanto para la mitigación de gases de efecto invernadero como para la adaptación para minimizar los daños” de los fenómenos extremos cada vez más frecuentes. 

Sin dejar de marcar “las responsabilidades comunes, pero a la vez diferenciadas”, la funcionaria remarcó que Argentina es responsable del  0,7% de las emisiones globales y Santa Fe alcanza apenas el 0,06%. 

Sin embargo, la provincia es responsable del 8,3% de las emisiones netas de Argentina y la mayor parte de estas proviene del sector de agricultura, silvicultura y ganadería (43,2%), seguido por el uso de energía en establecimientos industriales y comerciales (33,1%).

En ese marco, la funcionaria consideró que “en una provincia con un perfil como el que tiene Santa Fe, fuertemente agrícola y ganadero hay que pensar en esto para determinar hacia dónde va el sector”.

Santa Fe fue la primera provincia en el país en contar desde 2020 con una Ley de Acción Climática y ahora, junto a Jujuy, La Pampa, Misiones y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), está entre las cinco jurisdicciones que cuentan con un Plan de Respuestas al Cambio Climático.

Alineado a los marcos internacionales, como son el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el plan establece una hoja de ruta y 35 acciones concretas para  hacer frente a las amenazas ambientales en un territorio de más de 13 millones de hectáreas.

Diagnóstico crítico: las amenazas

El plan identifica los riesgos principales que impactan de manera directa en la geografía santafesina. Allí están los incendios, con incremento en su frecuencia, extensión y ocurrencia; los fenómenos hídricos extremos con mayor recurrencia de lluvias intensas e inundaciones, contrastadas con periodos de sequías severas y disminución de agua disponible; el registro de temperaturas extremas en el incremento de las olas de calor y los riesgos sanitarios, determinados sobre todo en el aumento la distribución y población existente del mosquito Aedes Aegypti, vector del dengue.

“Sobre esto trabajamos con una mirada que se propone ante todo el cuidado de la vida primero, para seguir con la preservación y cuidado de los ecosistemas y la producción”, detalló Irízar, que ante los riesgos otro de los desafíos es “construir una política con datos que la respalde”. 

Si bien ya vienen trabajando con las Universidades Nacionales del Litoral y de Rosario, adelantó que se va a convocar a “un consejo permanente de expertos del que serán parte todas las instituciones ambientales de la provincia, con el objetivo de estar mejor preparados”.

Acciones concretas

En ese marco y para avanzar en función de las metas 2030, el plan establece un conjunto de medidas transversales que abarcan desde la producción hasta la educación. “Son nueve sectores que identificamos y sobre los que trabajamos en 35 medidas que son amplias”, detalló la secretaria. 

La promoción de programas de generación distribuida, el etiquetado de viviendas, el uso de biocombustibles y la renovación de flotas vehiculares son algunos de los ejes de las medidas vinculadas a la transición energética y movilidad; mientras que en entre las medidas apuntadas a la producción y el agro las claves son el manejo de los suelos, la promoción forestal y programas específicos para tambos e industrias lácteas. 

En materia de protección de ecosistemas y gestión de residuos las acciones van desde el fortalecimiento de las Áreas Naturales Protegidas, la gestión de humedales y un programa interministerial para el manejo del fuego hasta la optimización la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos.

El capítulo infraestructura para la resiliencia, contempla la construcción de acueductos, redes cloacales y gasoductos provinciales, junto con planes directores para las regiones hídricas. En tanto, la educación y la salud también tendrán un trabajo fuerte a través de la implementación de la Ley Yolanda, el desarrollo tanto de una estrategia de Educación Ambiental Integral como de un plan de gestión contra las enfermedades transmitidas por mosquitos (arbovirosis).

“Tenemos un articulado fuerte con el área de salud, pero se trata sobre todo de un desafío fuerte en materia de gobernanta y de articulación interministerial”, destacó Irízar. Sin embargo, no dejó de marcar que “ese esfuerzo de gobernanza integra también a los actores de la sociedad civil y se fundamenta en los principios de justicia ambiental y transición justa”.