La descarbonización de la industria naval golpea la puerta del mercado de capitales

En la industria marítima, donde los ciclos de inversión se miden en décadas, la urgencia climática impone tiempos mucho más cortos. Bajo esa tensión, las navieras que operan en Argentina empiezan a mirar con atención las herramientas que ofrece el mercado de capitales para lograr compensar las emisiones generadas por el combustible con créditos de carbono verificados.

El transporte marítimo explica cerca del 3% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Y la presión regulatoria crece. La Organización Marítima Internacional (OMI) fijó el objetivo de alcanzar emisiones netas cero hacia 2050, con una meta intermedia de al menos 10% de energía limpia en 2030. En ese tablero, la Hidrovía Paraná-Paraguay, que es la columna vertebral del comercio exterior argentino, queda directamente expuesta.

El ranking que define actores

Desde 2023 rige el Indicador de Intensidad de Carbono (CII), un sistema que califica a los buques de la A a la E según su desempeño ambiental y, al mismo tiempo, condiciona el acceso al negocio. Un barco con mala nota debe presentar planes correctivos y, si no mejora, puede quedar fuera del mercado al perder su certificación.

La norma alcanza a embarcaciones de más de 5.000 toneladas de arqueo bruto (GT), que concentran la mayor parte de las emisiones del sector, ya que son responsables de cerca del 85% de las emisiones de CO2.

En Argentina, la mayoría de los buques que transitan por la hidrovía, especialmente graneleros, superan ampliamente ese umbral. Por caso, los que navegan por la Vía Navegable Troncal, por ejemplo, suelen partir de las 30.000 GT, mientras que los cruceros que arriban a Buenos Aires o Ushuaia se ubican entre las 60.000 y las 170.000 GT.

De esta manera, casi toda la flota relevante que circula por el país está bajo presión.

La exigencia no se limita a las navieras. Los grandes cargadores internacionales, desde traders agrícolas hasta multinacionales industriales, están obligados a reducir sus emisiones de Alcance 3, es decir, las que genera su cadena de valor. Y el transporte marítimo pesa fuerte en esa cuenta. Según Lucas Peverelli, consultor en sustentabilidad y descarbonización en Business & Sustainability, estas emisiones representan entre el 70% y el 90% de la huella total de carbono de una organización.

El resultado es un filtro cada vez más fino porque quienes contratan fletes priorizan buques con mejor calificación CII. La variable ambiental deja de ser reputacional para convertirse de esta manera en una condición comercial. No cumplir ya no implica solo contaminar más, sino facturar menos.

Una transición posible

Frente a este escenario, la reconversión tecnológica - nuevos combustibles, electrificación, hidrógeno - aparece como el destino final, pero no como una solución inmediata. Los costos y los plazos juegan en contra.

Ahí entran a jugar los créditos de carbono verificados(VCUs). El mecanismo es simple: el proveedor de combustible compensa las emisiones asociadas a ese producto mediante la compra de créditos certificados. El buque que lo utiliza puede contabilizar esa compensación en su desempeño ambiental, mejorando su calificación sin modificar su operación.

En la práctica, funciona como un “puente” hacia tecnologías más limpias. Permite sostener estándares exigentes hoy, mientras se planifican inversiones a largo plazo. No elimina emisiones en origen, pero sí las neutraliza en balance.

Al adquirir créditos de carbono verificados el proveedor de combustible neutraliza las emisiones asociadas al producto. El buque que lo consume puede computar esa compensación en su desempeño CII, mejorando su posición en el ranking sin cambiar de tecnología ni de operación. "El combustible carbono neutral, más que un avance ambiental, es una póliza de seguro para la competitividad de las navieras en un mercado que ya no perdona la ineficiencia carbónica", señala Peverelli.

“Al adquirir créditos de carbono y neutralizar su producción, los proveedores dejan de vender solo combustible, incorporando también cumplimiento regulatorio y seguridad comercial”, agregó.

A nivel global, varias compañías ya incorporaron este esquema en su oferta. Empresas como Minerva Bunkering, World Kinect, TFG Marine, Bunker Holding o Shell Marine Fuels integran la compensación de carbono en sus contratos de abastecimiento, entregando certificados que respaldan la neutralización.

Sin embargo, el margen no es infinito. La OMI prevé endurecer progresivamente los umbrales de cumplimiento a partir de 2026 con incrementos anuales que rondan el 2%. Esto significa que un buque que hoy obtiene una calificación C podría descender a D en el futuro simplemente por el corrimiento del estándar, sin haber empeorado su desempeño real.

En ese contexto, los créditos de carbono no son la solución definitiva, pero sí una herramienta de transición que permite a armadores y navieras ganar margen operativo mientras avanza la transformación tecnológica del sector. Para la industria naval argentina, con su alta exposición al comercio internacional y a regulaciones de alcance global, esta ventana puede ser determinante.