Greenpeace llega a Rosario para defender la ley de Glaciares

“La actual ley de Glaciares es una norma que protege al agua y no va contra nadie”, dijo enfáticamente Matías Arrigazzi, integrante del área de campañas de la organización ambientalista Greenpeace Argentina y especialista en biodiversidad.  Y por eso, “estamos advirtiendo que está en riesgo un recurso que necesitamos para vivir, pero además para que se desarrollen muchas actividades económicas que son fuente de ingresos para los argentinos”.

De esa manera, el referente de Greenpeace dio contexto a las acciones de concientización que vienen desarrollando en diferentes puntos del país, una de las cuales tendrá lugar este sábado 14 de marzo en Rosario, a partir de las 15, en el Parque de las Colectividades.

La actividad incluirá una muestra fotográfica que recorrerá la importancia de los glaciares para el agua que llega a las comunidades, mostrando la belleza y el valor de estos ecosistemas, así como los impactos que hoy enfrentan glaciares y ambiente periglacial.

La movida busca frenar la modificación de la ley de Glaciares (26.639), que ya tiene media sanción del Senado de la Nación y espera el tratamiento en Diputados.

“Venimos a acercar nuestro mensaje para advertir el peligro se viene y darlo cara a cara, con un espacio de preguntas e intercambio con la comunidad de Rosario”, explicó Arrigazzi y dijo que ya realizaron algo similar en Mar del Plata “con mucho éxito”.

“Se intenta disfrazar de federalismo la desprotección del agua”, indicó el referente en biodiversidad de Greenpeace en especial referencia a un punto central de la modificación de la ley que otorga a las provincias la facultad de definir qué zona es glaciar o periglacial y habilitar intervenciones, especialmente actividad minera, en el lugar.

“El texto del proyecto de modificación fue a pedido de la mesa de litio y de cobre y claramente pasa de lo que antes era un criterio científico - que tomaba el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) - a uno administrativo”, dijo en referencia a que “cualquier funcionario público puede definir el umbral de protección de una zona de glaciares" en función de su necesidad de sumar proyectos económicos, especialmente mineros.

“Es gravísimo”, dijo Arrigazzi quien cuestionó la intención de enfrentar la idea del cuidado del agua con el desarrollo. “La modificación de la ley plantea eliminar los presupuestos mínimos, contenidos ya en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que representan un umbral de protección”.

Por otra parte, aseguró que no se trata de que defender el agua represente evitar el desarrollo del país. “Estamos hablando de la reserva de agua dulce, sin la cual no hay actividades económicas, ni hay vida”, dijo en referencia a muchas actividades productivas, como agrícola, ganadera y de producción de alimentos, que se verán afectadas por el cambio en los ciclos del agua administrados por los glaciares.

“Está en riesgo el agua que necesitamos para vivir”, enfatizó.

Aunque desde el sector minero plantean que “el objetivo no es alterar el espíritu de la norma sino precisar técnicamente qué formaciones deben ser consideradas efectivamente protegidas”, tal como expresó el presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (Caem) Roberto Cacciola, para el referente de Greenpeace no hay dudas este es un sector que siempre se opuso a la legislación vigente.

“Siempre tuvo resistencia del sector minero desde los inicios del proyecto antes de 2010”, dijo Arrigazzi  y recordó que la norma primero fue vetada y luego se sancionó por la presión social. En el medio, las empresas mineras trataron de que se declare inconstitucional pero un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2019 la validó al entender que es el Congreso de la Nación el que tiene que fijar los presupuestos mínimos. “Esa es la manera de ordenar el federalismo y no como ahora que utilizando ese argumento se pretende derribar la protección”, agregó.

La organización también trabaja para que la Cámara de Diputados de lugar a todos los ciudadanos y organizaciones que se inscribieron para la audiencia pública que está prevista los días 25 y 26 de marzo. “Es histórica la convocatoria, se inscribieron 28 mil participantes que tienen el derecho constitucional de expresarse, algo que también está contemplado en derechos internacionales que el país firmó como el Acuerdo de Escazú”, finalizó.