Cambio climático: las provincias corren a distintas velocidades

Las tres provincias con mayor peso productivo de la Argentina - Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba - concentran casi un 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), aunque también están entre las más comprometidas con políticas orientadas a mitigar los efectos del cambio climático y con la gobernanza.

“Argentina transita un federalismo climático aún en construcción”, apuntó el Informe sobre Compromisos Climáticos Provinciales elaborado por la ONG Sustentabilidad Sin Fronteras (SSF), a cargo de Mariano Villares y Alexia Makianich, el cual representa una fotografía de la situación en estado subnacional y reúne datos como marcos normativos, autoridades específicas y financiamiento en cada territorio.

El estudio revela que poco más de la mitad de las jurisdicciones (54%) cuenta con un área específica dedicada a la acción climática, apenas siete desarrollaron inventarios de GEI y el financiamiento aparece como una de las mayores brechas.

“En un contexto nacional de negación de la agenda climática, el informe pone en valor el rol de las provincias como primera línea de acción frente a los impactos y oportunidades de la crisis climática”, señalaron desde SSF.

Se trata de un relevamiento muy minucioso segmentado por regiones pero con una ficha específica con los datos de cada provincia.

Pese a que algunas jurisdicciones avanzaron en esta agenda y otras permanecen rezagadas, el trabajo tiene una mirada positiva sobre los datos recabados. “La mayoría de las provincias están incrementando sus compromisos climáticos y varias ya forman parte de redes nacionales e internacionales, con la Alianza Verde Argentina como espacio destacado de articulación subnacional”, señalaron desde SSF y explicaron que en un contexto nacional adverso, las estados subnacionales se unen para impulsar la agenda.

El primer dato duro del relevamiento muestra que el 54% de las jurisdicciones cuenta con un área específica dedicada al cambio climático. Son las provincias de Buenos Aires, Caba, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, San Juan, Santa Fe y Tierra del Fuego. El resto, “aborda la temática de manera dispersa”, bajo ministerios o subsecretarías generales pero sin equipos técnicos exclusivos.

Otro punto clave son los Planes Provinciales de Respuesta al Cambio Climático (PPRCC), que permiten medir el avance de cada región. “Se observa un avance desigual en la elaboración y convalidación de los planes”, indica el informe y señala que a casi dos años de vencido el plazo establecido por la legislación nacional para su cumplimiento, sólo tres provincias (La Pampa, Jujuy y Misiones) cuentan con planes convalidados a nivel nacional, mientras que once (Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Río Negro, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego) aún se encuentran en proceso de intercambio técnico con el gobierno nacional. 

Las nueve restantes aún no presentaron el borrador del PPRCC (Catamarca, Corrientes, Mendoza, Neuquén, Salta, San Luis, Buenos Aires, Tucumán y Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Inventarios de GEI

Aunque todas las provincias son responsables en diferente medida de las emisiones de GEI, sólo siete desarrollaron inventarios propios: Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Misiones, Río Negro y Santa Fe. Y allí el estudio apunta que existen avances puntuales pero también “fuertes inconsistencias”. 

Contar con un inventario “representa un paso importante en términos de autonomía técnica y elegibilidad para financiamiento”, indicaron desde SSF. 

No es un tema menor, ya que el propio informe indica que el financiamiento aparece como una de las mayores brechas entre las distintas jurisdicciones. Es decir, algunas lograron acceder a fondos internacionales, pero la mayoría depende de recursos del Consejo Federal de Inversiones (CFI) o de proyectos articulados por Nación.

“Varias provincias informaron no contar con financiamiento específico, lo que compromete seriamente la factibilidad de implementar medidas más allá del diagnóstico”, indicó el informe y a esto representa una “limitación estructural” para acceder a fondos internacionales.

El resto de las provincias carecen de inventarios provinciales y dependen exclusivamente de la serie desagregada del inventario Nacional, lo que limita la calidad de la información para diseñar políticas específicas. 

En el balance de emisiones y absorciones de GEI se ubica primera la provincia de Buenos Aires con el 25,30%, seguida por Santa Fe con 7,61%, Córdoba 6,52% y Neuquén 6,07%. Hay un porcentaje del 12,2% que queda sin asignar a ninguna jurisdicción. El resto, está por debajo de ese número y el menor registro es el de Misiones con 0,18%.

Normativas

A la hora de hacer una panorámica sobre el marco normativo, es decir el conjunto de leyes o reglamentaciones sobre el tema que permiten acelerar los cambios y controlar las faltas, el balance es poco alentador. Solo un grupo reducido de 8 jurisdicciones cuenta con legislaciones marco de cambio climático (Caba, Santa Fe, Jujuy, Neuquén, Mendoza, Río Negro, Tierra del Fuego y Formosa). En el resto “se identifican proyectos de ley marco o decretos, resoluciones u ordenanzas aisladas, sin un andamiaje integral que garantice continuidad”, indicó el informe de SSF. 

Algo similar ocurre con la gobernanza climática, organismos que se ocupen institucionalmente del tema desde el sector público. Hay experiencias robustas en La Pampa - con un gabinete de Cambio Climático - Santa Fe, que cuenta con un entramado de mesas y consejos, o la institucionalidad de Misiones.

En provincias como Salta, San Juan, Corrientes, Catamarca, Santa Cruz, San Luis, cumplen con un solo punto de los ocho que se evaluaron en materia de gobernanza climática.

El estudio surge con la intención de ordenar y facilitar el acceso a una información pública vinculada a las políticas climáticas de las provincias y de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) que está dispersa en cientos de oficinas y documentos. Pero además, se propone cubrir un “vacío institucional del gobierno nacional”, dijeron, ya que la Ley Nacional de Cambio Climático (27.520), que creó un sistema ad hoc (SNICC) para centralizar la información que hasta ahora no fue presentada públicamente.

“Este trabajo ordena la conversación con evidencias”, señalaron desde SSF y explicaron que 22 de 24 jurisdicciones respondieron las consultas. Sólo Salta y Tucumán no contestaron los pedidos de información.

El informe está elaborado en cinco bloques: identificación de la máxima autoridad ambiental; Planes Provinciales de Respuesta al Cambio Climático (PPRCC) y marco legal; gobernanza y participación; financiamiento climático y políticas y programas en curso.

Cerrar estas brechas “es indispensable para que la Argentina cumpla con su NDC (Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional) y, sobre todo, proteja a millones de personas frente a una crisis climática que ya se expresa en sequías, inundaciones e incendios”, señalaron desde SSF.

Y explicaron que “con un gobierno nacional que niega la agenda climática, el peso de la acción recae en las provincias, de sus decisiones dependerá que los compromisos se traduzcan en hechos concretos”.

El camino para eso, consideran, es asegurar que las 24 provincias cuenten con planes consolidados; fortalecer los marcos legales y consolidar la articulación entre los tres niveles del Estado.

“Un federalismo climático sólido no solo permitirá cumplir compromisos, sino también abrir oportunidades productivas, tecnológicas y de empleo”, concluyeron.

Aquí se puede acceder al informe completo: https://sustentabilidadsf.org.ar/publicaciones-cambio-climatico/