Santa Fe cambió la normativa ambiental y las empresas rearman el juego

La provincia de Santa Fe encaró una reforma de la normativa ambiental enfocada en hacerle la vida más fácil a las empresas o emprendimientos productivos que se radiquen en el territorio, a través de la agilización de trámites administrativos, y en paralelo, acentuar y mejorar la fiscalización a partir de estándares más modernos.

Mediante la modificación del decreto reglamentario 101/03 de la ley 11.717/99 y su reemplazo por el decreto 153/25, el gobierno de Maximiliano Pullaro puso en funcionamiento un nuevo régimen normativo que exige adecuaciones y nuevos estándares para las casi 15 mil empresas que están obligadas, por su actividad, a dar cuenta de su impacto ambiental, de las cuales sólo 2.000 presentan por año algún trámite ante el Ministerio de Ambiente.

“Tenemos dos problemas: el sector productivo no está conforme con el funcionamiento, especialmente por los tiempos que demanda cada trámite y las organizaciones ambientalistas porque considera que el Ministerio está ausente en la fiscalización y el control”, resumió el ministro de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Enrique Estévez. “Por eso, repensamos el decreto 101/03 para encontrar una respuesta a estos dos planteos”, agregó el funcionario quien participó del 1° desayuno ambiental organizado por Cimpar, la organización sin fines de lucro que viene trabajando como nexo entre el sector público y académico con el privado.

El encuentro que ya es un clásico en el sector, del que participaron 150 representantes de organizaciones y empresas ávidos por conocer la nueva normativa, fue un ida y vuelta jugoso. Las compañías buscaron conocer los detalles de estos cambios, los tiempos de ejecución y también el alcance de las sanciones.

En ese marco, el secretario de Ambiente provincial, Gustavo Leone, dejó en claro la posición de la administración de Pullaro sobre el tema. “La mirada del gobernador y su equipo es poder acompañar más y mejor al sector privado en la gestión de inversiones”, dijo al mismo tiempo, “asistirlo para que cumpla con los parámetros de cuidado ambiental”, agregó.

El objetivo de estos cambios es digitalizar la gestión de los trámites, en sintonía con la ley 14.256 que el año pasado aprobó la Legislatura santafesina para toda la administración pública, y ordenar y agilizar lo que está frenado. 

Según explicó Leone, los registros de API muestran que hay casi 15 mil establecimientos que tienen obligación - por su actividad - de presentar Estudios de Impacto Ambiental (EIA) o Informes Ambientales de Cumplimiento (IACs) y el Ministerio sólo recibe unos 2.000 trámites por año, de los cuales muchos no se resuelven y pasan para el año siguiente. El 60% de los mismos son para categorización, el 30% de IACs y el 10% de EIA.  

“Tenemos 2.000 trámites por año que no resolvemos y el tiempo de respuesta es muy lento”, dijo Leone y detalló que las presentaciones tardan entre 1 y 6 años en resolverse cuando los permisos que se piden duran entre 1 y 3 años. “En ese marco, era ineludible una reforma”, agregó.

Qué cambió

El decreto 153/25 modificatorio del 101/03, amplía el universo de fiscalización. Lo que antes tenía un sesgo orientado a las industrias ahora incluye a todas las actividades económicas en la provincia y las vincula al nomenclador de la Arca y API. Por eso, las empresas del sector primario (agricultura, pesca, minería, etc) y de servicios tendrán obligaciones ambientales.

Hay un cambio en las categorías. Agrega actividades eximidas al nomenclador. “Eso implica que si el Estado detecta que si tiene obligaciones, como esta pre categorizada puede pasar al rango de 1, 2 o 3”, detalló Leone.

También crea la figura de “factibilidad ambiental” para proyectos nuevos que dura 5 años y para tramitarla, la empresa debe presentar un estudio de impacto ambiental.

El decreto establece la figura de “licencia ambiental” que sustituye a los certificados ambientales restringidos y definitivos de 2 y 3 años. Tiene una vigencia de 10 años y está atada a la presentación de IACs y a planes de gestión ambiental, otro de los nuevos requisitos de la normativa. 

Establece lineamientos sobre pasivo ambiental, que se tratará mediante una norma particular que está en proceso de elaboración

Finalmente, el decreto exige un responsable técnico, que es el perito inscripto en el Colegio y es la persona que oficia de nexo con la empresa. En este caso puntual, las empresas en categoría 3, la figura debe ser permanente y no ocasional.

Quién es quién

Por otra parte, en cuanto a las categorizaciones, el denominado “Programa de Innovación Administrativa Ambiental”, fija la figura de eximidos, la categoría 1 (sujetos obligados de presentar una declaración jurada, que son más de 30 mil en la provincia); y las categorías 2 y 3 que suman unos 14 mil establecimientos.

“Vamos a focalizar las auditorías en las categorías 2 y 3 que son las de mayor criticidad”, aseveró Leone, quien junto a su equipo contestaron cada una de las consultas que les plantearon las empresas en el encuentro de Cimpar.

Uno de los cambios que ya está operativo es la categorización digital, que arrancó el 15 de diciembre y ya sumó a unas 300 empresas. Aunque algunas ya iniciaron el trámite con un formulario papel, de a poco todas deberán migrar a la plataforma virtual.

Urbanizaciones y proyectos especiales

En una segunda etapa, que prevén será en el tercer trimestre de 2025, van a establecer nuevos parámetros para la normativa vinculada a urbanizaciones, proyectos especiales como pueden esar estaciones de servicio, feedlot, residuos industriales peligrosos y no peligrosos.Además, avanzar en la "estandarización" de las regiones dentro de la provincia para que no haya diferentes condiciones para las empresas que se instalen en el norte, centro o sur de Santa Fe.