Que sea ley
El agro sale a cosechar votos en Diputados para el mercado de carbono
Con media sanción del Senado, el sector insiste para que Diputados apruebe la ley que regula una actividad que puede generar hasta u$s 3.900 millones anuales en exportaciones
Por: Paola Papaleo mail
El mercado de créditos de carbono está cada vez más cerca de pasar de ser voluntario a regirse por una regulación que lo ordene y le otorgue previsibilidad para atraer inversiones. La media sanción dada por el Senado al proyecto de ley del marco regulatorio para el mercado voluntario de carbono pone ahora la mirada sobre Diputados que será la Cámara que deberá analizar el texto para convertirlo en normativa jurídica. Para las entidades vinculadas al agro, el apoyo de los senadores que votaron 60 a favor y solo dos en contra, es un paso clave para la apertura de nuevos mercados y el desarrollo de una producción más sostenible.
La Mesa Argentina de Carbono (MAC) fue una de las entidades involucradas en la revisión y modificación del proyecto presentado por la senadora Flavia Royón (Salta), que fue el que finalmente se aprobó. “Celebramos la media sanción del proyecto de ley en el Senado porque establece seguridad jurídica y mayor previsibilidad para inversiones en proyectos de carbono que son a largo plazo para conservar bosques nativos, restaurar ecosistemas y desarrollar una producción sustentable”, dijo Juan Pedro Cano, coordinador de la MAC.
Además, indicó que “por otro lado el proyecto amplía los mercados a los cuales puede acceder un crédito de carbono argentino”.
El directivo explicó que actualmente se puede acceder al mercado voluntario de créditos de carbono, pero con la ley “se podrá ingresar a mercados regulados en otros países y los precios son entre 2 y 5 veces mayores, esto posibilita llevar a mayor escala el impacto social, ambiental y económico a territorio, y en algunos casos hacer viables proyectos que no lo son económicamente”.
Para el director de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Andrés Costamagna, esta ley es “la llave que permite que el sector privado empiece a invertir en estos tipos de activos”. La SRA fue otra de las instituciones que impulsó el proyecto del marco regulatorio y participó de la redacción de algunos artículos. “Esperamos que los diputados tengan la misma mirada de que la Argentina necesita este tipo de instrumento para dar transparencia y claridad al mercado”, expresó Costamagna.
Por su parte, Pablo Borelli - CEO de Ruuts, empresa B certificada enfocada en la regeneración de tierras agrícolas y ganaderas en América latina -, opinó que “el proyecto de ley es muy amigable para incentivar el desarrollo de proyectos de carbono en el mercado”, porque según dijo, “define las reglas de juego para que el mercado pueda funcionar, con una lógica que busca regular y al mismo tiempo permite que estos proyectos puedan ser parte del Artículo 6 del Acuerdo de París y lograr exportar créditos”.
El próximo paso
En cuanto a su aprobación en Diputados, Borelli apeló al acompañamiento de las provincias considerando que “esta ley es muy favorable para que llegue mucha inversión para el desarrollo de proyectos que son buenos para el país”.
La Alianza del Pastizal fue una de las ONG que participó del debate en senadores en el mes de septiembre. Su coordinador nacional, Federico Schäfer, definió a la media sanción como “una excelente noticia porque le agrega integridad a los créditos”.
Desde la asociación ambientalista consideran que, si bien es mejorable, “es una ley superadora de todo lo que se venía haciendo”.
Para Schäfe las expectativas de que sea aprobada en Diputados son muchas debido a que “ya se están vendiendo créditos en el mercado de carbono voluntario, por lo que hay una oportunidad de mercado concreta y esto le agregaría una capa más de integridad para poder empezar a jugar en las grandes ligas que son los mercados regulados y las interacciones entre países y mercados de primer nivel como Corsia para limitar y compensar las emisiones de dióxido de carbono de la aviación internacional”.
Regular para cuidar y competir
Este año, alrededor de 100 productores argentinos que trabajan con ganadería regenerativa ya comenzaron a recibir los primeros pagos por los créditos de carbono generados en sus establecimientos. Las transacciones se realizan en el mercado voluntario de carbono a través del programa Sara (Sudamerican Regenerative Agriculture Ranching Program) desarrollado por Ruuts y Ovis 21, que ya repartió u$s1,2 millones.
Con la sanción de la ley de mercado regulado de créditos de carbono, el sector agroindustrial podría generar entre u$s 1.400 y u$s 3.900 millones anuales en exportaciones de créditos, según cifras aportadas por el Consejo Agroindustrial Argentino. Esto implicaría, a su vez, más de u$s 2.000 millones en inversiones territoriales en el mediano plazo.
Los principales puntos del proyecto de ley son:
• Los créditos de carbono son bienes inmateriales de carácter patrimonial, con individualidad jurídica y económica propia, distintos del inmueble o del recurso natural que les dio origen.
• Se crea el Registro Nacional de Reducción de Emisiones (ReNaRe), una plataforma pública, gratuita y declarativa que identifica proyectos, garantiza la trazabilidad de los créditos y evita el doble conteo.
• Se exige que las reducciones sean reales, medibles, verificables y adicionales, y que cuenten con salvaguardas sociales y ambientales.
• Los créditos podrán comercializarse libremente en mercados nacionales e internacionales sin autorización administrativa previa, a excepción de los que se usen para cumplir compromisos climáticos de otro país o mecanismos como los del Acuerdo de París.
A su vez, la ley prevé estabilidad fiscal por 30 años para los proyectos registrados y una alícuota del 0% en derechos de exportación para las transferencias internacionales alcanzadas. También permite usar los créditos como respaldo de fideicomisos, fondos de inversión, bonos verdes y otros instrumentos, y los que estén en régimen de oferta pública quedarán bajo la Comisión Nacional de Valores. La autoridad de aplicación será el Poder Ejecutivo, y las provincias conservarán el dominio originario de sus recursos naturales.
La Cámara de Diputados tendrá dos años, a partir de que el proyecto ingresa en el recinto, para resolver si lo transforma en ley o no. Si bien los representantes de las entidades agropecuarias y ambientalistas consultados mostraron su preocupación porque 2027 será un año electoral, confían en que “Argentina tiene mucho potencial tanto en proyectos de soluciones basadas en la naturaleza como en tecnología, energías renovables, eficiencia energética y biochar”. Además, comparten que este marco normativo es un aval para evitar prácticas engañosas como el greenwashing en los mercados voluntarios de carbono.



