Ley de Glaciares: los puntos de un debate que parte aguas entre negocios y ambiente

El debate por la modificación de la ley de Glaciares en Argentina (26.639), que este jueves se trataba en el Senado de la Nación, volvió a dividir aguas en un país donde la grieta se convirtió en un deporte nacional. En este caso, el gobierno de Javier Milei busca con una “ley aclaratoria”, redefinir la protección de las zonas glaciares y periglaciales de escombro y cederle a las provincias la potestad para definir en qué lugares se puede desarrollar la actividad minera, que está tomando nuevo impulso con proyectos millonarios vinculados a la extracción de cobre, oro, plata y litio.

Están en carpeta iniciativas como Los Azules, Josemaría y Filo del Sol (Vicuña), El Pachón, Altar en San Juan; Taca Taca en Salta; Mara (Minera Agua Rica – Alumbrera) en Catamarca; y San Jorge en Mendoza. 

La decisión del gobierno nacional busca destrabar algunas iniciativas que están frenadas por la ley sancionada en 2010, que sumarían cuantiosas divisas a las arcas públicas. Ese argumento es el que cosecha adhesiones entre los gobernadores de las provincias cordilleranas como Jujuy, Salta, La Rioja, Catamarca, Mendoza, Neuquén, Santa Cruz y Chubut, donde la minería tiene un peso significativo en términos de empleo, inversiones y actividad. 

Así lo planteó Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, quien expuso en el Senado en la previa del debate parlamentario. El mandatario que votó junto a La Libertad Avanza la reforma laboral y creó un bloque propio, dijo que “no hay impacto ambiental más negativo que la pobreza”, al defender el proyecto de ley de Glaciares que impulsa el Ejecutivo. Planteó que esto no significa resignar derechos ambientales ya que “no hay ninguna actividad que tenga tanto control, desde audiencias públicas, como la minería”.

El presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (Caem) Roberto Cacciola detalló que “el objetivo no es alterar el espíritu de la norma —que protege los glaciares y el ambiente periglacial con función hídrica relevante— sino precisar técnicamente qué formaciones deben ser consideradas efectivamente protegidas”.

Destacó el rol del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) como responsable del inventario nacional de glaciares. En cambio, señaló que la propuesta “apunta a otorgar mayor autonomía a las provincias para realizar estudios de campo más exhaustivos, complementando el relevamiento satelital existente”.

Sin embargo, para los detractores de la ley, el traspaso de jurisdicción, es el talón de Aquiles de esta iniciativa, porque echa por tierra la uniformidad de una legislación a nivel nacional sobre un tema tan sensible y lo deja librado a las voluntades de las provincias, que, tal como expresaron los gobernadores encuentran en la minería una aliado clave para sus economías.

El proyecto en debate recurre al artículo 124 de la Constitución Nacional de 1994, el cual determina que el dominio originario sobre los recursos naturales es de las provincias.

Si prospera la iniciativa, las jurisdicciones provinciales serán las encargadas de definir si un área es una reserva estratégica de agua dulce, y también tendrán la potestad de aprobar los estudios de impacto ambiental presentados por las empresas, algo que hoy prohíbe terminantemente la ley.

“Esto implicaría que, si un proyecto minero demuestra que no afectará significativamente la función hídrica de la zona, podría obtener factibilidad ambiental, incluso en áreas anteriormente vedadas”, dijo el geólogo y consultor minero Favio Casarín en declaraciones a medios nacionales.

Los opositores a esta modificación - que en la Cámara Alta en su mayoría corresponden a los legisladores justicialistas - rechazan la iniciativa debido a que quedaría sin efecto la prohibición de actividades que puedan afectar la condición natural de los glaciares y las cuencas hídricas, consideradas reservas de agua potable y, por ende, afectaría un recurso vital para la población.

La ley actual protege tanto los glaciares como el ambiente periglacial, suelos congelados que también regulan el agua y prohíbe actividades mineras o hidrocarburíferas en esas zonas. 

El oficialismo señala que la modificación viene a dar certezas técnicas sobre estas áreas y para de ese modo lograr que la protección del ambiente no choque con el desarrollo económico de las regiones. Así lo planteó el presidente de la Cámara Minera de San Juan, Iván Grgic, quien dijo que el proyecto busca “aportar claridad” a la normativa vigente y no reducir estándares de protección.

Regresión "injustificada"

Sin embargo, para el referente en temas ambientales y de desarrollo, Juan Carlos Villalonga - quien fue diputado nacional por el PRO - la actual ley de glaciares “no es una ley antiminera”. Por el contrario, con el estatus actual “se desarrollan y se podrían desarrollar innumerables proyectos mineros sin afectación alguna a los glaciares y su área periglacial”, dijo y aseveró que hoy representa la protección del 1% del territorio de los Andes.

En un comunicado publicado en sus redes sociales y firmado por un gran número de referentes empresarios, Villalonga señaló que la propuesta de modificación “representa una regresión injustificada de la normativa ambiental de la Argentina” porque la normativa actual tiene “una enorme importancia para la protección de bienes públicos que resultan en reservas estratégicas de agua dulce, particularmente, en una región del país en donde ese recurso es crítico”. 

También indicó que representa “una enorme preocupación” que la propuesta de modificación desplace al enfoque científico que se le asigna al Ianigla y proponga “un mecanismo absolutamente discrecional, que estará basado en evaluaciones provinciales fragmentadas, sin solidez y con una muy baja base informativa real”. 

Para dejar el debate fuera de la grieta política, Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn) dijo que la norma actual, “no es una ley kirchnerista, sino transversal” porque tuvo el consenso de muchos sectores para su aprobación. 

Y aseguró que no se trata de denostar el aporte del sector minero a la economía. “No estamos contra la minería cuando planteamos esto. Decimos que hay lugares del territorio donde no se debería hacer minería”, dijo y “esa zona de acuerdo al inventario de glaciares es el 0,4% del territorio argentino”.

“Vamos a transformar una ley que tiene un carácter científico y protección uniforme en otra de carácter político, porque todo lo van a definir las  provincias”, agregó.

Los glaciares de escombro, zonas en las cuales están asentadas las mayoría de los proyectos mineros en disputa, “no son decorados de piedra en la montaña, sino que están en estado líquido o sólido y tienen una función hídrica, contribuyen a la biodiversidad y son aliados contra el cambio climático”, agregó en diálogo con un canal de streaming.

La representante de Santa Cruz en el Senado, Alicia Kirchner, fue más allá, y planteó que el debate requiere pensar la defensa de recursos estratégicos como el agua. Para Kirchner, el país constituye la tercera mayor reserva de agua a nivel mundial, lo que incrementa el interés de compañías internacionales en este recurso. 

Las empresas, en cambio, aseguran que se trata de fijar reglas claras. “Queremos estar seguros de que en los lugares donde se defina que se puede hacer actividad económica, no aparezca mañana alguien que frene el proyecto”, concluyó Cacciola de Caem.